Noviembre 24, 2009
Es razonable anticipar una suspensión y una eventual posposición de las elecciones para la Asamblea Nacional previstas para fines de septiembre del 2010. Hay varios factores en desarrollo silencioso los cuales aún no han adquirido plena fuerza y que pudieran incidir en que el Jefe del Estado tomara esa decisión radical. Pero antes de considerarlos, es conveniente como metodología descartar la hipótesis frecuentemente adelantada de que tal decisión no se adoptaría pues quebrantaría la legitimidad del actual gobierno y que por consiguiente sería contraproducente para su sostenibilidad. El primer recurso para disipar ese criterio es señalar las veces que se han alterado las fechas de las diversas elecciones en flagrante desconocimiento de leyes y pautas normativas. Una segunda línea argumentativa es recordar la serie de violaciones a la Constitución vigente las cuales han permitido y facilitado al gobierno instrumentar su concentración autocrática presidencial.
FACTORES DE DESCALABRO
Paradójicamente la decisión de aplazar las elecciones parlamentarias pudiera ser considerada por la sala situacional oficial como la única opción para mantener el actual diseño político. Veamos un listado de factores ya activamente presentes en el panorama nacional los cuales emergen como vectores aparentemente irreversibles y con un potencial cierto de generar un descalabro radical para los planes gubernamentales de “profundizar la revolución”:
a) el descontento popular creciente según todas las encuestas dada la carestía creciente de bienes indispensables;
b) el desencanto por el desempeño del Jefe del Estado;
c) la inoperancia de servicios básicos incluyendo la seguridad;
d) el desmantelamiento de las “misiones” como nuevo recurso clientelar y la pérdida de su capacidad de servir como tratamiento benévolo tipo “shock”;
e) el enriquecimiento abusivo aparente de algunas personas afines al gobierno las cuales configuran una nueva y reducida clase de favorecidos;
f) el desgobierno evidente que afecta a todo el aparato ejecutivo gubernamental como consecuencia de la burocracia, la corrupción y las ocurrencias desacertadas;
g) la insensatez de las entregas cuantiosas de recursos del fisco nacional a otros gobiernos sin que sea visible el efecto positivo para sus pueblos y que configuran una evidente merma de recursos necesarios para atender necesidades de nuestra gente la cual se siente inexplicablemente excluida de dichos favores.
Si bien históricamente, diversos gobiernos han enfrentado dinámicas similares y han logrado neutralizar la fusión de factores negativos, en el caso actual el gobierno enfrenta un temible mar de fondo generado por fallas estructurales en su manejo de la economía, las finanzas y el fisco nacional. Estos son temas en los cuales se ha contrapuesto el criterio del principal responsable con las soluciones sugeridas por sus colaboradores más profesionales. El resultado real ha sido recurrir a soluciones de papel que en la práctica aceleran los amenazantes procesos de inflación e insolvencia. De hecho las opciones asumidas son la incubadora de una gigantesca burbuja de múltiples dimensiones cuyo estallido será progresivo y multiforme. Es previsible que esta tempestad afecte de manera determinante las preferencias electorales ya para mediados del próximo año.
EL OFICIALISMO PUEDE PERDER SU BANCADA MAYORITARIA
El gobierno y la opinión nacional se darán cuenta de que las tendencias de rechazo y de insatisfacción popular se acelerarán en los próximos trimestres. Ya para mediados del 2010 pudiera ser evidente para todos los involucrados que el partido oficialista puede ver su bancada reducida a menos de dos tercios y más aún que pueda perder la mayoría simple. Esto facilitaría el desmantelamiento del andamiaje legislativo habilitado y contribuiría a la pérdida del control, por parte del poder ejecutivo, sobre el máximo tribunal y el propio organismo electoral. El diseño autocrático se tambalearía en pocos meses como proverbial castillo de naipes lo cual incidiría dramáticamente en la probabilidad de la reelección presidencial prevista para el 2012.
Estas consideraciones seguramente no son ajenas al principal actor ni a sus colaboradores más perspicaces. Ya las han dado a conocer en forma exhortativa. La sala situacional oficial ciertamente sigue con extrema atención el curso de los factores negativos que auguran la probabilidad en ascenso de un descalabro electoral y el desmoronamiento de un llamado “proceso” ya congelado en su inoperancia.
Es fácil de imaginar la molienda oficial de las opciones a lo largo de una línea de tiempo.
DOS ETAPAS PARA EL MOMENTO DE LA VERDAD
En una primera etapa veremos decisiones efectistas que incluirán: i) remoción de equipos de funcionarios; ii) programas de emergencia y costosísimas adquisiciones y ejecuciones para hacer manejable la demanda deficitaria de servicios y bienes; iii) autofinanciamiento para enfrentar déficits en los presupuestos de operaciones y cancelar parcialmente obligaciones atrasadas; iv) enarbolar de nuevo conflictos con otras naciones; v) resucitar programas de emergencia asistencial; vi) uso abusivo de medios oficiales en función propagandística. Obviamente la lista es aún más extensa. No obstante, lo importante para la lucidez del análisis es darse cuenta de que toda esta categoría de cursos de acción será ineficaz para doblegar y revertir una dinámica cuyo origen se remonta hasta principios de la década.
Una segunda etapa, la cual concurre parcialmente con la primera, incluiría: i) campañas de descredito y persecución en contra de dirigentes e instituciones democráticas; ii) campañas de desinformación y operaciones grises para quebrantar la compleja unidad democrática; iii) nuevas acciones para controlar la libertad de los medios de comunicación no oficialistas; iv) arrebatos de capacidades productivas privadas como mecanismos de transferencia de la culposa incapacidad oficial los cuales permitirían además un control instantáneo y efectivamente un racionamiento de la distribución de bienes básicos según regiones y sectores de la población.
Al llegar el momento de la verdad y adquirir conciencia de la insuficiencia de las acciones señaladas en las primeras dos etapas, la sala situacional se verá obligada a procesar un escenario de crisis inminente. Es verosímil prever que la opción de cancelar las elecciones parlamentarias ya decretadas será considerada antes de finales del segundo trimestre del 2010. De llegar a ocurrir, daría lugar a una complejísima e indeseada encrucijada nacional la cual ameritaría todo esfuerzo de sensatez para prevenirla.
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